Los impagos de morosos no solo ponen en jaque la viabilidad de muchas empresas en España. También en Europa, la morosidad supone uno de los principales obstáculos a los que se debe enfrentar la llamada libre circulación de bienes y servicios en el mercado único de la UE. ¿Es suficiente la Directiva 2011/7/EU? La respuesta es NO.

La Directiva 2011/7/EU fue llevada a cabo por la Comisión Europea cara a luchar de una forma eficaz contra la morosidad que afecta a 1 de cada 4 empresas de la Unión. El retraso en los pagos de las operaciones comerciales de los 28 estados miembros supone una pérdida importante de dinero y pone en peligro la permanencia de muchos puestos de trabajo. Pero, ¿en qué consiste realmente esta última Directiva europea contra impagos?

Sustituye a la anterior del año 2000 en una obligatoriedad de actualizar las leyes que velan por la economía de las empresas europeas. La Directiva 2011/7/EU no solo tiene como objetivo que prevalezcan los derechos de las empresas adeudadas, si no también evitar impagos de las propias administraciones públicas a dichas empresas privadas. Como por ejemplo, que las entidades públicas estén obligadas a pagar en 30 días, siempre y cuando la ley contempla una serie de excepciones.

Para España, esta Directiva 2011/7/EU supone inclusa una revolución en el mundo de la empresa. Se da el caso de que hay impagos que llegan a acumular 60 o más días por parte de las administraciones a las empresas privadas. Países más avanzados en este aspecto como Suecia tienen ya marcado por ley que estos cobros nunca superen los 30 días con tal de no asfixiar la economía de muchas pequeñas y medianas empresas.

Al menos así lo ratifica la propia Directiva donde obliga a que los diferentes Estados miembros “velarán por que el plazo de pago fijado en el contrato no exceda de 60 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor”. Otra de las normas importantes que introduce esta Directiva 2011/7/EU es que si el moroso supera esos días, el acreedor tiene el derecho de cobrar 40 euros por factura impagada. Una penalización que tampoco exime al acreedor de cobrar una compensación económica de los gatos derivados de la reclamación formal o gastos de recobro de dichos impagos.

Pese a sus buenas intenciones, los impagos continúan tanto por parte de empresas privadas a otras empresas y de parte de la Administración, o que para muchos convierte la Directiva 2011/7/EU contra impagos en insuficiente. Otras voces critican algunos poco efectivos puntos de esta Directiva. Por ejemplo el artículo 8 se limita a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales al uso. Sin embargo, no regula las operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio, los pagos de indemnizaciones por daños y perjuicios, incluidos los pagos realizados por compañías de seguros. Tampoco obliga al acreedor a reclamar intereses por demora en el pago.

La pregunta es, ¿realizan un mejor papel las empresas de cobros e impagos que siguiendo de forma natural el proceso administrativo?

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